El árbol de las revoluciones

La centralidad de los derechos humanos en la Constitución sandinista era otra confirmación del importante rol de la comunidad internacional en el proceso nicaragüense.

La derrota electoral de los sandinistas en febrero de 1990, pocos meses después de la caída del muro de Berlín y en medio de la crisis política de la Unión Soviética, tuvo una resonancia enorme en la reconfiguración de la izquierda latinoamericana.

Como observaba entonces Castañeda y reconocería muy pronto Sergio Ramírez, que la derrota estuviera completamente descartada revelaba una cultura política hegemonista en la que no tenía cabida la alternancia en el poder.

Tras la Constitución de 1987 los sandinistas se enfrentaron a un dilema único en la tradición revolucionaria latinoamericana: la propia red internacional de apoyo, creada desde fines de los años setenta (la Francia de Mitterrand, la España de González, el México del PRI, la Venezuela de Jaime Lusinchi, la Costa Rica de Óscar Arias…), comenzó a persuadir a los sandinistas de ser leales al nuevo régimen constitucional y convocar a nuevas elecciones.32 Aquella guerrilla transnacional se veían ahora colocada en la disyuntiva de seguir al pie de la letra la experiencia de Cuba, su principal aliado ideológico, político y militar en el último tramo de la Guerra Fría, o corresponder a la persuasión de las democracia occidentales que buscaban distender las relaciones con Estados Unidos a partir de un nuevo proceso electoral, con las reglas del juego equitativas propiciadas por la Constitución de 1987.

El modelo nica fue una evidencia incontrovertible de que la tradición revolucionaria latinoamericana del siglo xx, para tener alguna continuidad en el mundo posterior a la Guerra Fría, estaba obligada a optar por la democracia.

Toda la izquierda latinoamericana, como pronto demostrarían los casos del Frente uruguayo o la Concertación chilena, se incorporó a la democracia en busca de la hegemonía. Pero unos actores políticos entendieron la hegemonía como permanencia relativa, acotada o revocable en el poder, y otros co­­mo control absoluto y perpetuo de la sociedad civil y el Estado. Las primeras décadas del siglo xxi fueron el escenario de una y otra concepción de la hegemonía.

La caída del muro de Berlín en 1989 y la derrota de los sandinistas al año siguiente fueron leídas como indicios de la decadencia de toda la tradición revolucionaria del siglo xx, cuando representaban, en realidad, el agotamiento de las modalidades no democráticas de la izquierda.

Y una vez más, la alternativa entre democracia y autoritarismo volvió a reinstalarse, decidiendo la trascendencia de unos y el ocaso de otros.

La Guerra Fría parecía llegar a su fin en el Cono Sur, cuando en Centroamérica y el Caribe alcanzaba altos niveles de confrontación.

Esa orientación de fuerza guerrillera abierta a poderosos nexos civiles, económicos y políticos explica la creación de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, en junio de 1979, en cuanto organismo que encabezaría el proceso institucionalización de la revolución.
Aquella junta, integrada por el intelectual Sergio Ramírez, el empresario Alfonso Robelo, la viuda de Chamorro, Violeta Barrios y dos comandantes del FSLN, Daniel Ortega y Moisés Hassán Morales, reflejaba la composición social multiclasista y el pluralismo político interno del movimiento antisomocista.